La Justicia no se expide sobre la inconstitucionalidad de la última Asamblea Legislativa
A casi un mes de la presentación de una acción de amparo contra la designación de un representante de Unidad Justicialista en un lugar que le corresponde a la minoría en el Tribunal de Cuentas, Avanzar y Cambiemos insistirá ante el juez para que se pronuncie.
El escándalo por la inconstitucionalidad del nombramiento del contador Miguel Ferrero en el Tribunal de Cuentas durante la convocatoria del 29 de mayo, continúa sin respuestas por parte de la Justicia, advirtió ayer la oposición provincial.
La abogada que patrocina al bloque de Diputados de Avanzar y Cambiemos, Claudia Rocha, explicó en declaraciones a El Chorrillero que ya se debería haber resuelto porque se cumplieron los plazos necesarios, y adelantó que tras aguardar un “tiempo prudente”, le pedirán al juez Civil, Fernando Spagnuolo, que se expida.
A principios de mes los legisladores opositores presentaron un recurso de amparo contra el Gobierno e impugnaron así la maniobra de los bloques parlamentarios de Rodríguez Saá; y promovieron la declaración de inconstitucionalidad de la resolución Nº 3 de la Asamblea Legislativa.
El 5 de junio se formalizó la acción en sede judicial y desde el día 11 aguardan la resolución de la medida cautelar. La dilación es tal que “ni siquiera se ha podido notificar el amparo porque el juez debe resolver la cautelar previamente”, advirtió Rocha.
“Cuando el juzgado proveyó el amparo el 7 de junio, nos pidió documentación que cumplimos en elevarla de forma inmediata. La otra cuestión pendiente es la cautelar, estamos esperando que resuelva. Voy a realizar una presentación porque tenemos demorado el amparo”, puntualizó.
En la Asamblea Legislativa un diputado de Sanluiseños por el Cambio que forma parte del bloque Unidad Justicialista, nominó por la minoría a Ferrero. Al tener los votos suficientes se impuso la moción.
Los legisladores de Avanzar y Cambiemos se retiraron del recinto en repudio a la decisión de los bloques de Rodríguez Saá.
Para Avanzar y Cambiemos fue una maniobra para arrebatarle el cargo que la Constitución provincial le reserva por imperio del inciso 2 del artículo 242. Para la vocalía en el Tribunal de Cuentas habían nominado al contador Néstor Ordoñez.
El organismo tiene como principal función el control de los gastos del Gobierno. Al ser reelecto Ferrero, Rodríguez Saá se garantizó que ningún miembro de la oposición revise las cuentas.
Para Rocha “no se está dando la celeridad” necesaria. “Desconozco si es porque el juez tiene mucho trabajo o si es porque no le está dando el trámite que corresponde”, sostuvo.
Se trata de un procedimiento “sumarísimo”. La medida cautelar debe resolverse previamente al amparo y aún así se decidió “el pase a resolver con fecha 11 de junio”. A 16 días de ello y a casi un mes del amparo, “ya pasaron los plazos suficientes”.
“Nosotros consideramos que se viene violando la Constitución con el nombramiento de un miembro del Tribunal que no corresponde a la minoría parlamentaria y con esto lo que se persigue es no controlar las cuentas del Estado Provincial. Lamentablemente la Justicia al no tener celeridad deja que se produzcan situaciones que van en desmedro del reclamo, ni siquiera se ha corrido traslado al Gobierno y a las cámaras que fueron las que en Asamblea nombraron a los miembros”, aseveró.
Los diputados opositores entienden que cumplieron todos los requisitos y dejaron explicitadas la irregularidades que se concretaron en la Asamblea Legislativa. Por eso sostienen que debería otorgarse la cautelar y generarse el cumplimiento del amparo.
“Queremos que la Justicia cumpla con su rol de proteger los derechos de quienes van a peticionar a sus estrados. Lo que corresponde es que el juez tome una decisión con rapidez, la que crea que debe ser, pero que no nos mantenga en una situación de anomia de paso del tiempo y que los derechos sigan conculcándose en la provincia”, concluyó.